La llamada del deber patrio.

 
Hace más de veinte años que el servicio militar obligatorio se suprimió en España. Algunos dicen que fue fruto de la presión de los nacionalistas a Aznar para disminuir el sentimiento Nacional Español de los jóvenes y no verse contaminados los catalanes y vascos con la gente de otras partes del país; otros afirmaban que era la tendencia en Europa; e incluso se decía que se necesitaban profesionales para que conociesen bien, pero bien, los nuevos equipos electrónicos y poderlos sacrificar sin manifestaciones contra el gobierno. Quizá la realidad sea la mezcla de todas estas razones, con nuestros políticos…
 
El tema es que no nos importa el final del servicio militar obligatorio sino sus orígenes y, para ello, el primer hito está en el siglo XV cuando el cardenal Cisneros buscaba tener un ejército permanente que se impusiese a las tropas señoriales medievales; Carlos V y Felipe II consolidaron los dos sistemas de reclutamiento clásicos de la Monarquía: el voluntariado a través de banderines de enganche, y la leva forzosa, método empleado en contadas ocasiones durante el siglo XVI por el malestar social que generaba. En el siglo XVII colapsará el sistema de subcontratar la recluta con asentistas por la subida de los costes y la crisis demográfica de Castilla. Una pena porque las ventajas de los voluntarios eran evidentes: sólo afectaba a los que querían -o necesitaban- ir a la milicia sin molestar a los trabajadores o agricultores. De hecho, esta era la cantera de donde procedían los clásicos batallones de mercenarios que flameaban las banderas de la corona española: irlandeses y suizos. Pero, siendo la preferida, era cara. Una alternativa para surtirse de soldados eran las levas forzosas de vagabundos, presos y ociosos. Se recurría a este método cuando se necesitaban grandes contingentes para hacer frente a enemigos en el propio territorio español, pero evidentemente no eran soldados útiles.

La llegada de los borbones en el siglo XVIII trajo reformas en el reclutamiento implantándose métodos coercitivos –e impopulares- de incorporación a filas olvidando potenciar el prestigio de la carrera militar entre el pueblo llano. Tendremos un primer intento de imposición de servicio militar obligatorio a partir del año 1734. El repartimiento de reclutas lo hacía el Consejo de Castilla en función de la población de cada provincia castellana, si bien eran las instituciones locales las encargadas de su ejecución. La forma en que se conseguían los soldados no estaba reglada por lo cual las ciudades enrolaban vagos o maleantes, pedían voluntarios, pagaban sustitutos o entregaban un dinero al Consejo de Castilla. Solo en el caso de no existir un número suficiente de voluntarios, o no disponer el municipio de la cantidad económica solicitada, se acudía al sorteo. Método fraudulento y rechazado por los grupos populares. El sistema, para más inri, tenía una serie de irritantes exenciones de tipo nobiliario, laboral (oficios “útiles”) y territorial (Cataluña y País Vasco). Estamos ante un sistema coercitivo que introdujo en el ejército a los que no podían eludir el sorteo mediante dinero, fuga, sustitución por un recluta a cambio del pago del dinero acordado, sobornos, automutilación, deserción una vez incorporado a filas, etc. Tocarles en el sorteo les obligaba a servir durante un mínimo de cinco y un máximo -teórico- de ocho años en función de la ordenanza, y en unas condiciones de vida durísimas, siempre con la amenaza del estallido de una nueva guerra. El sistema de sorteo de quintos, afortunadamente, solo se ejecutó en 1771, 1773, 1775 y 1776. En las últimas décadas del siglo XVIII, el sistema de reemplazo anual parecía haber sido erradicado definitivamente; los soldados se reclutaban recurriendo a prácticas antiguas. Las causas que llevaron a evitar la quinta fueron, sobre todo, los fraudes sistemáticos, el alto porcentaje de exentos, los perjuicios a la agricultura y la elevada mortandad.
 
El 27 de octubre de 1800 se aprobó una nueva ordenanza que perfilará las futuras características del sistema, marcadas por la sombra de la Revolución Francesa y las guerras consecuentes. En ella se marca el servicio obligatorio periódico como una contribución más del populacho y se regularizó el sistema de quintas. Esta Ordenanza trató de corregir las deficiencias existentes en las normas sobre reclutamiento aprobadas en 1770 y 1773, y se enmarcaba dentro del amplio conjunto de reformas modernizadoras impulsadas por Godoy.

 
En este sistema todo empezaba con la elaboración del padrón de vecinos para saber el número de mozos en edad militar. Tras este acto se reunía todo el Ayuntamiento, incluidos síndico y diputados del común, así como el párroco y un vecino, “persona honrada”, de cada lugar o aldea. El párroco hacía las veces de fedatario de la limpieza del proceso. En esta reunión el escribano daba lectura del padrón, anotándose en el mismo los vecinos que gocen de la condición de hijosdalgo y los ordenados y extendía acta anotándose en ella las posibles protestas de los concurrentes al acto y señalando la condición de privilegiada de aquellos miembros del estamento nobiliario. Con los padrones locales se elaboraría el padrón general de la provincia, y el de todo el reino. El padrón se actualizaba cada diez años.
 
La siguiente fase del proceso era determinar el reemplazo a repartir entre los distintos pueblos según su población. Las características a cumplir por los mozos entre los que hacer el sorteo solían ser: solteros entre los diecisiete y los treinta y seis años cumplidos, superiores en altura a 1`625 metros, y que no estuviesen eximidos o excluidos por algún motivo. Anotamos que lo de la altura era un valor relativo porque si no había suficientes mozos por encima de la talla legal, pues, se bajaba media pulgada. Y en tales casos, "los que tuvieren talla cumplida serán soldados todos sin entrar en suerte, porque aquí no cabe; y solo para llenar el contingente entrarán después a sortear, por el número que falte, los de menor talla". Se incluían los viudos sin responsabilidades, pero no “los negros, mulatos, carniceros, pregoneros, verdugos, y cualquiera en quien por sentencia de tribunal se haya ejecutado pena infame”. Entonces, ¿la perpetración de un delito podía ser un medio para librarse del servicio militar? Pues…

 
A su vez, se prohibía a los jóvenes que saliesen de su lugar de residencia sin una licencia expedida por el Justicia de la localidad. Este documento debía incluir el nombre del individuo a quien afectase, su futuro lugar de trabajo, y señalar el nombre del padre, hermano o pariente que le sustituiría en caso de que sobre él recayese la suerte de ser soldado. Si el fiador no era apto para el servicio se le exigirá al mozo una multa de 100 ducados y, en el caso de no poder pagarlos, cumpliría sus servicios como soldado de la Corona durante el doble de tiempo que establecía la orden para el soldado ordinario, es decir, unos dieciséis años.
 
Hecho todo lo anterior cada pueblo convocaba, mediante pregón, a los mozos alistados a que concurriesen al Ayuntamiento, para notificarles su inclusión en el alistamiento, escuchándose en el mismo acto las posibles reclamaciones. El paso siguiente era el tallaje de los mozos, anotando en el alistamiento aquellos que no cumpliesen los requisitos exigidos. Si existiese alguna reclamación se volvería a tallar al mozo en cuestión. Gracias a Dios los jueces, como en otras partes del proceso, admitían sobornos. Supongo que por eso se obligaba a asistir al acto a los ciegos, cojos, mancos, baldados y estropeados, y a los enteramente inútiles para la guerra, poniendo en el alistamiento nota expresa del defecto al lado del nombre de cada uno. Traducido: se obligaba a asistir a todos ya fuesen posibles futuros soldados o no. Por su propio interés. Y sabían que tendrían que estar pendientes del proceso un máximo de tres días. El tallaje comenzaba, una vez excluidos los “notoriamente inútiles”, con la lectura de la ordenanza completa, para que nadie pudiese alegar desconocimiento de la misma. Se señala también que no se daría por exento a nadie que lo hubiese sido en sorteos anteriores, “porque la causa de exención ha de subsistir, y se ha de reconocer y declarar al tiempo del actual”. Serían “peritos jurados y fidedignos” dos profesores de medicina o cirugía llamados expresamente al acto para que examinasen a aquellos que alegasen ser inútiles para las armas. No se admitía ningún certificado médico de fecha anterior y estaba prohibido expedirlos en tiempos de sorteo. Y había sanciones a los doctores mentirosillos. Las solicitudes de excepción se realizaban mientras durase el juicio, debiendo estar presente -o representado- el interesado, sin existir la posibilidad de alegación una vez hubiese finalizado éste. Terminado el juicio de excepciones, “el Escribano de Ayuntamiento lo pondrá por diligencia a continuación de las excepciones que se alegaron por los mozos. Además, y como aviso final, se indicó que los mozos solteros que, siendo hábiles para el servicio, alegaren excepciones falsas, achaques o accidentes que realmente no padezcan, cumplirían de forma obligatoria el servicio de las armas, adscribiéndose al cupo asignado a su localidad de residencia”. Es decir, sumados a los que saliesen soldados por el sorteo.

¿Qué exenciones teníamos aparte de las físicas? Primero, la clase social o condición del mozo: nobles, hidalgos, religiosos… Claro que se espera de los hijosdalgo y demás nobles que se presentarán voluntariamente cuando la corona les necesite. Otra exención procedía de la importancia para el Estado del oficio desempeñado por el mozo. Las había por matrimonio reciente, hermanos sirviendo a la patria o haber servido ya en el ejército. Por último, nos encontramos con exenciones relacionadas con las necesidades familiares del mozo, como era el caso de los hijos de viuda y de otros supuestos en los que el mantenimiento económico de la familia dependía del joven quinto.
 
Podemos poner como ejemplo el tallaje que se realizó en Villarcayo para los mozos de Villalaín y Escanduso para un único reemplazo. Presidía el proceso de selección el corregidor Antonio del Campo. La hora en que fueron citados todos fue a partir de las 10 de la mañana del día 31 de marzo de 1816. Se cumplió lo que hemos ido describiendo arriba. Los regidores presentaron a los mozos de sus respectivos pueblos dando razón de los ausentes. Los encargados de tallar a los muchachos fueron el sargento Juan Fuente y el cabo Juan Abascal que escucharían con detenimiento las exenciones para el sorteo de esa misma tarde. Y empezaron las escaramuzas de los alcaldes de cada pueblo para proteger a sus muchachos. El de Villalaín, Manuel Gallo, protestó diciendo que no debían participar en el sorteo los de su pueblo porque Escanduso no había dado soldado desde su asociamiento. Como ya habréis supuesto, no le hicieron ni caso.

Los mozos de Villalaín fueron los siguientes:
 

• Manuel Díaz Saravia, hijo de Francisco, de edad de 21 años. Su estatura era de 5 pies y media pulgada (casi 1`60 m). Dijo que se hallaba “agraciado por S. M. para subteniente del regimiento Provincial de Orense” y que acreditó con dos cartas. Pero por no ser documentos justificativos fue incluido en el sorteo. Protestó para que no le perjudicase la decisión.
• Gregorio Díaz Saravia, otro hijo de Francisco, de 19 años y 5 pies y 2 pulgadas, quien dijo ser oficial mayor en la Escribanía del Número de Villarcayo dependiendo de Anastasio Alonso de Porres. Sin embargo, se le mandó incluir y declaró hábil con la consecuente protesta de Francisco.
• Manuel y Pedro Diez de Incinillas, hermanos, hijos de Pedro, aquél de 17 años y éste de 23 años. Se expuso por el padre que no debían ser incluidos por ser él sexagenario e imposibilitado para poder acudir a labrar con sus dos yuntas de bueyes. Y que, aunque tenía otro hijo de catorce años, este no era capaz de manejar ninguna de ellas. El Corregidor le permitió a Pedro sacar del sorteo a uno de ellos. Eligió a Manuel. ¡La cara de Pedro, el joven, mientras le tallaban debió ser un poema! Este Pedro medía poco más de 5 pies. Aun así, Pedro -el padre- protestó expresando que Manuel no veía de noche, y que Pedro en ocasiones no se hallaba en su cabal juicio.
• Manuel Carriazo, hijo de Francisco, edad 23 años, a quien se declaró por exento por ser el padre sexagenario; tener 2 yuntas de bueyes de labor y tierra suficiente para ellas; y tener solo otro hijo de 14 años.
• Juan de la Peña, hijo de Francisco, al que se declaró inhábil por no dar la talla. Su otro hijo, Manuel, estaba empleado en el Real servicio, por lo cual no se le incluyó en el sorteo.
• Pedro Rasines, hijo de Pablo, quien se libra por falta de talla.
• Alfonso García, huérfano, natural de Villalaín, de 17 años cumplidos. Su curador Ignacio de la Peña expuso “hallarse vecino contribuyente de dos años a esta parte y tener sembrado en este presente”. Y, sin embargo, el Corregidor lo incluyó constando las protestas del curador. Y tallado que fue, le faltó media pulgada, pidiendo los demás interesados que se le volverse a medir en Laredo.
• Manuel y Francisco González, hijos de Francisco, de edad de 23 años el primero. Tras tallarles, resultó inhábil Francisco por falto de talla, y hábil Manuel, que tiene 5 pies.
• Juan y Francisco Severo, hijos de otro Francisco, inhábiles por bajos.
• Hilario Rueda, ausente en tierra de Madrid, de 25 años.
• Robustiano Martínez, huérfano, natural del pueblo de Cigüenza, de 19 años, criado de Francisco Cotorro, vecino de Villalaín. Este chico, tres días antes de este proceso, se había largado sin concluir el año de trabajo acordado. Por ello, se quería que se le declarase como soldado “a suerte conocida” por el pueblo de Villalaín. El Corregidor mandó incluirlo con los demás mozos en el sorteo, sin perjuicio de lo que se decidiese después en Laredo.
• Miguel Ruiz, hijo de María Martínez viuda, que estaba en la villa de Durango como criado postillón con el Maestro de Postas de allá, se presentó certificación para no incluirle… pero fue incluido y María Martínez protestó.

 
Por altura fueron declarados inhábiles Matías Gutiérrez, Juan de Para, Esteban Ruiz, Aniceto González (ausente, a quien no se incluyó por manifestarse por los propios interesados ser falto de talla), los hermanos Tomás y Mateo Carriazo, Manuel García, Miguel Terrones y, por último, Isidoro Ruiz, criado de su servicio, natural de Santa Olalla de Valdivielso. También se vio excluido Manuel Gallo “por impedido de sus miembros” (¿el alcalde de Villalaín? ¿Su hijo? No hay explicaciones de quién es), Valentín Terrones que está “en el real servicio”; Ramón de Salazar, huérfano ausente, “por haberse manifestado tener 40 años cumplidos”.
 
Teníamos 27 alistados, 20 quedaban libres de sorteo, y de ellos 15 por cortos de talla. Seguramente Robustiano se largó porque no sería rechazado. Lo que sí fue rechazado por el Corregidor fue la pretensión de los demás de declararle soldado sin sorteo. En cuanto a los siete sujetos a sorteo, solamente tres lo admitieron sin protestar. Estaba claro que no había mucho “Ardor Guerrero” entre los mozos de Villalaín. ¿Y Escanduso? De allí, una población pequeña, se presentaron dos mozos: Miguel Ruiz Trechuelo, hijo del regidor del lugar, que a pesar de tener 18 años le faltaba una pulgada para la talla; y Juan López Brizuela, que sólo medía 1`16 metros, un enanito para hoy, pero tengamos en cuenta que la mala alimentación afecta al crecimiento y estos muchachos habían sobrevivido a la guerra de Independencia. La parte del acto correspondiente a aquella mañana se cerró con la lectura del alistamiento definitivo, declaración de exenciones y ratificación de protestas y reclamaciones. La asamblea se disolvió hasta la tarde.

 
Los no exceptuados se veían obligados a “disfrutar” del sorteo de quintos. En el sorteo, el síndico o un regidor del Ayuntamiento, procedía al “encantaramiento”. Se introducía el nombre de los mozos sorteables en una bolsa o cántaro, previa lectura de los mismos. Teóricamente, no se incluirían los nombres de los prófugos y huidos. En otro cántaro se introducirían el mismo número de papeles que de mozos a sortear conteniendo la palabra “soldado” el número de quintos asignados al cupo y quedando otras en blanco. Después dos niños sacaban los mismos papeles de cada cántaro, una por una, asignando a cada mozo bien la cédula con el concepto “soldado”, bien la cédula en blanco. Todos los jóvenes se podrían acercar a observar sus cédulas para comprobar la legalidad del acto, mientras que el escribano redactaría los resultados del sorteo en los autos de alistamiento. Una cosa muy curiosa es que ningún sorteo era declarado nulo por la inclusión indebida de algún mozo. Pero si faltase alguno por incluir se declararía nulo el sorteo y se repetiría el acto -en principio a los tres días- después de que los Justicias recibiesen la orden de hacerlo. Incluso la anulación de los sorteos se constituía en un método para retrasar la entrega de los cupos. A veces, el conocimiento de la existencia de alguna irregularidad era ocultada por el mozo a la espera del resultado del sorteo. Si éste le era desfavorable realizaba la reclamación con lo que se tenía, inevitablemente, que realizar la repetición del mismo. Si por el contrario la suerte le era favorable se callaba como un muerto.

 
Sabiendo esto pasamos a la tarde del día de nuestro sorteo en Villarcayo. Supongo que los mozos a sortear no disfrutarían de su almuerzo. A las 15:00 horas, en la misma Sala de Ayuntamiento, y bajo la presidencia del Corregidor, “con asistencia del Doctor D. Manuel Rodríguez Galaz, presbítero, Cura beneficiado más antiguo de esta villa” uno de los procuradores síndicos generales, un sargento y un cabo, en presencia del mismo escribano Cecilio Regúlez, se procedió al sorteo de uno entre los siete mozos útiles según la liturgia que hemos explicado. Los niños entregaron, uno por uno, los papeles al párroco que las leía ante el público asistente:
 
Miguel Ruiz                               Blanca
Manuel Diaz Saravia                  Blanca
Manuel González                      Blanca
Hilario Rueda                            Blanca
Robustiano Martínez                Soldado
Gregorio Díaz Saravia               Blanca
Pedro Diez Incinillas                Blanca

 
El Corregidor no quedó contento con que saliese soldado el prófugo. A pesar de lo que hemos dicho y, por ello, se repitió. La diferencia la tenemos en que “soldado” se cambiaba por “primer soldado substituto”. El resultado fue el siguiente:
 
Manuel González                       Blanca
Gregorio Diaz Saravia               Blanca
Manuel Diaz Saravia                  Primer soldado sustituto
Miguel Ruiz                                Blanca
Hilario Rueda                             Blanca
Pedro Diez de Incinillas           Blanca
 
Ya había, pues, quien sirviera por el prófugo. Todo arreglado. O no. Los Diaz Saravia figuraban entre los protestantes de la mañana. En atención a lo cual -no tener líos- y acabar la jornada con un soldado no problemático el Corregidor ordenó repetir, otra vez, el sorteo. Ahora se introdujeron en uno de los dos cántaros cuatro bolas al separarse Gregorio Diaz Saravia, como hermano de Manuel, el primer soldado substituto.
 
Hilario Rueda                             Blanca
Manuel González                       Segundo soldado sustituto
Pedro Diez Incinillas                 Blanca
Miguel Ruiz                                Blanca

 
Y como Manuel González no había formulado protesta alguna, pues, se convirtió en soldado. A la espera de la conclusión de las protestas a formular en Laredo por Manuel Díaz Saravia, claro.
 
El corregidor elaboraría un documento con los nombres de los mozos que salieron en suerte en un plazo máximo de quince días. Con los testimonios remitidos por los pueblos los intendentes elaborarían un informe sobre la situación de su provincia en materia de reclutamiento, donde se indicarían, en cuatro columnas, los siguientes aspectos: nombre de la localidad, número de mozos alistados en cada una, jóvenes que quedaron exentos y los que tienen la obligación de servir en el Ejército de la Monarquía. Este informe se remitiría al ministerio de la Guerra y un duplicado a la Intendencia del Ejército en su provincia correspondiente. La ordenanza de 1800 prohibió el internamiento en prisión de los mozos elegidos en el sorteo, ya que su honradez había quedado demostrada con la asistencia al acto. No como Robustiano Martínez. Encerrarles era una práctica habitual para evitar la huida de los nuevos soldados para los siguientes ocho años. Aun así la Ordenanza de 1800 determinaba quienes eran prófugos -por si acaso-: prófugo era todo aquel que le había tocado la suerte del soldado y no había acudido el día señalado para ir a servir a su plaza; aquel que saliese de su localidad de residencia sin la autorización correspondiente cuando ya se hubiese publicado la orden de reemplazo en la capital de provincia; aquel que, sin haber abandonado su lugar de residencia, no se presentase a los distintos actos que se celebrasen a lo largo del proceso; y aquel que, habiéndole tocado suerte de soldado, se fugare u ocultare, y no se presentase para ir a servir su plaza. Pillarlos dependía de los Justicias. Una vez capturado, según fuese apto o no apto y dependiendo de si se entregaba o era capturado, purgaba diferente pena: 16 años de “mili” o una multa de 30 ducados.

 
El 1816 se mantenían los tres sistemas habituales para conservar los efectivos del ejército al completo: quintas, voluntariado y levas forzosas. Pero el que más incidía en Las Merindades eran las quintas dado que difícilmente se realizaban levas o se encontraban voluntarios.
 
 
Bibliografía:
 
“La celebración de quintas, una cadencia temporal en la España del antiguo régimen”. Enrique Martínez Ruiz.
“Papeles viejos de Castilla-Vieja. Crónicas de ayer en el archivo de Villarcayo”. Jesús Moya.
“Élites y quintas: el debate parlamentario sobre el reclutamiento militar durante el siglo XIX”. Guillermo Revilla Marugán.